– Sin embargo, solo justificó el 0.24% de los casos
La Fiscalía General de la República ha gastado cerca de 142 millones 898 para el emplear un software con el que rastreó la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, sin embargo, presentaron 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones, es decir, 0.24% de los casos, a pesar de que por ley, está obligado a siempre solicitado.
Animal Político señaló que la Fiscalía no tiene información sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas como producto de estas vigilancias, a pesar de que son las únicas razones por las que se pueden rastrear la ubicación de ciudadanos y durante meses, la FGR no respondió vía transparencia sobre el uso de este tipo de tecnologías arguyendo que las empleaban para investigar crímenes de delincuencia organizada.
Animal Político detalló que de acuerdo con datos proporcionados por solicitudes de información, entre 2018 y 2019 contrató a la empresa Neonlix de México S.A de C.V para adquirir el software Geomatrix, con el fin de vigilar la ubicación de celulares a través de las redes telefónicas a las que el aparato se conecta.
Agregó que se la fiscalía adquirió 390 mil 500 consultas del Software Geomatrix con vigencia hasta 2021 y la FGR lo habría usado en 135 mil ocasiones; agregaron que de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre 2019 y 2021 se presentaron solicitudes de vigilancia a jueces federales, pero sin diferenciar cuantas de ellas fueron para usar el software Geomatrix.
Así también, en otra solicitud de información, la Fiscalía reconoció que vigiló a 3 mil 157 personas entre 2018 y 2021, a quienes realizaron geolocalizaciones, intervención de comunicaciones privadas, obtención de datos conservados y extracción de datos.
Entre las instancias que han solicitado el acceso a los registros de localización están las delegaciones de Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo, agentes del Ministerio Público, Juzgados, entre otros.
A pesar de que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las fiscalías pueden intervenir los teléfonos sin autorización judicial cuando la vida de personas estén en riesgo, pero acreditarlo ante un juez federal, la FGR reconoce que no cuenta con la información de las víctimas rescatadas o detenidas como producto de las intervenciones.
Fuente: Animal Político
